Ángel Lockward defiende su inocencia: “Devolver los 220 millones no significa que sea culpable de corrupción”

Santo Domingo, RD.- El reconocido abogado y político Ángel Lockward rompió el silencio sobre su implicación en el caso conocido como Operación Calamar, asegurando que la devolución de 220 millones de pesos al Ministerio Público formó parte de un acuerdo condicionado por la presión extrema ejercida contra él y su núcleo familiar.

Durante una entrevista concedida al podcast de la comunicadora Laura de la Nuez, Lockward aclaró categóricamente que entregar dichos recursos económicos bajo ningún concepto constituye una admisión de culpabilidad de actos ilícitos.

Acuerdos bajo presión y la inclusión de familiares en el expediente

Al recordar los momentos críticos del proceso judicial iniciado en 2024, el exdirigente reformista sostuvo que el órgano persecutor utilizó métodos coercitivos para doblegar a los imputados, señalando directamente que las autoridades involucraron de manera perversa a su hijo en el entramado judicial con el único propósito de presionarlo.

“La culpabilidad no está en que tú devuelvas un dinero cuando te tienen cuatro veces embargado, la culpabilidad está en si tú admitiste una falta y yo nunca he admitido ninguna falta, ni antes ni ahora”, enfatizó Lockward durante su intervención.

El político reiteró que aceptó los términos del acuerdo judicial exclusivamente para lograr la exclusión de su vástago del expediente, y no por responsabilidad penal en la presunta estafa al Estado. Asimismo, cuestionó la solidez de la investigación fiscal, asegurando que la teoría del caso de la acusación carece de sustento verídico y testigos libres de coacción.

Situación actual del proceso judicial de la Operación Calamar

El expediente de la Operación Calamar, instruido por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), involucró originalmente a 34 personas físicas y 13 empresas bajo cargos de defraudar al Estado dominicano por un monto estimado en 19,000 millones de pesos.

Sin embargo, el panorama jurídico ha experimentado giros significativos. En mayo pasado, la jueza Altagracia Ramírez, adscrita al Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dictó un auto de “no ha lugar” a favor del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. En contraste, tanto Ángel Lockward como el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, fueron formalmente enviados a juicio de fondo, etapa donde se ventilarán de manera definitiva los argumentos de defensa. Paralelamente, un tribunal judicial tiene pendiente decidir en las próximas dos semanas una petición de extinción de la acción penal presentada dentro del mismo proceso.