Conocerán medida de coerción contra imputado por caso con menor en el Distrito Nacional

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional programó para este domingo, a las 9:00 de la mañana, la audiencia de conocimiento de solicitud de prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, señalado por el Ministerio Público por presunta agresión sexual en perjuicio de una niña de un año de edad, tras la difusión de material audiovisual en redes sociales.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. —El proceso judicial contra el ciudadano Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, avanzará hacia su fase inicial de coerción este domingo 15 de noviembre de 2026 en los tribunales de la capital dominicana. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para las 9:00 de la mañana la vista en la que se evaluará el pedimento presentado por el órgano persecutor.

La solicitud formal de medida de coerción fue depositada por el fiscal Nelson Beltré, quien se encuentra adscrito a la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Nacional. Mientras se celebra la audiencia correspondiente, el imputado permanece bajo custodia en la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de ser trasladado ante el juez de turno.

Origen de la investigación y solicitud fiscal

De acuerdo con los datos procesales ofrecidos por las autoridades, la investigación penal se puso en marcha a raíz de la circulación de varios videos en la plataforma digital TikTok. En dichos audiovisuales, el hombre señalado aparecía junto a la menor de edad mientras emitía comentarios y abordaba temáticas de índole sexual, lo que motivó la intervención inmediata de los organismos especializados de persecución y protección infantil.

Ante la gravedad de los hechos imputados y la necesidad de garantizar la presencia del procesado durante el desarrollo de las indagatorias, el Ministerio Público solicita al tribunal que se dicte la prisión preventiva como medida de coerción. Por mandato legal y ético, se resguardan todos los datos vinculados a la identidad y el entorno familiar de la menor afectada, garantizando el respeto estricto al debido proceso y a la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.