Dictan prisión preventiva a tres dominicanos en Panamá por red de reclutamiento para la guerra en Ucrania
Tanque de guerra ucraniano
Panamá / Santo Domingo. Una red internacional de trata de personas con ramificaciones en el Caribe y Centroamérica fue desarticulada en territorio panameño, donde la justicia dictó detención provisional contra tres ciudadanos dominicanos acusados de operar un esquema fraudulento para captar y enviar mercenarios al frente de combate en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Tras una solicitud formal presentada por la fiscal Elizabeth Carrión, el juez de garantías Luis Ceballos impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra los imputados Joselyn Ramírez, señalada como supuesta cabecilla de la célula, Rolando Newball y María Inés García. A los involucrados se les imputan cargos formales por los delitos de delincuencia organizada y trata de personas con fines de explotación laboral.
Así operaba la red de reclutamiento a través de redes sociales
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público panameño, la organización criminal utilizaba plataformas digitales como TikTok para identificar y contactar a potenciales víctimas en zonas vulnerables. Bajo esta modalidad, lograron enganchar a tres hombres residentes en la provincia de Bocas del Toro —identificados como Octavio Carrillo, Rafael Ulises y José Montenegro—, a quienes les prometieron falsamente contratos laborales altamente remunerados.
Los implicados convencieron a los afectados de trasladarse a Ciudad de Panamá para tramitar sus pasaportes, costear los boletos aéreos y firmar un supuesto contrato de servicios para la guerra. Las indagaciones revelaron que la estructura recibió más de 800,000 dólares en transferencias internacionales para financiar toda la logística de traslado y alojamiento en un hostal cercano al Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La huida de las víctimas y la repatriación desde Rusia
El castillo de naipes comenzó a derrumbarse cuando dos de los reclutados, al percatarse de la naturaleza peligrosa de la operación y sospechar que serían explotados, lograron escapar del hostal y dar aviso a las autoridades policiales panameñas.
Sin embargo, uno de los afectados, José Montenegro, sí logró ser embarcado hacia territorio ruso. Una vez en el extranjero, el dominicano constató que jamás recibiría los 2,000 dólares mensuales que le habían prometido, por lo que logró comunicarse con la Cancillería de Panamá para solicitar auxilio, culminando exitosamente en su posterior repatriación.
Durante la audiencia judicial, la defensa legal de los imputados cuestionó la medida al argumentar que la investigación se encuentra en su fase inicial y que aún no se ha comprobado la existencia formal de una red criminal transnacional. No obstante, el juez determinó que los indicios presentados por la fiscalía son suficientes para mantenerlos tras las rejas, elevando a seis el número total de personas procesadas en Panamá por este esquema de reclutamiento ilegal.

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