Operación COBRA 2.0-A: Ministerio Público revela que médicos devolvían hasta el 60% de los pagos de SENASA a la red
Procuraduria General de la República
Santo Domingo. Una trama de desvío de fondos públicos comienza a esclarecerse con contundencia. De acuerdo con el expediente acusatorio de 525 páginas que sustenta la investigación de la Operación COBRA 2.0-A, el Ministerio Público sostiene que una parte sustancial de los pagos emitidos por el Servicio Nacional de Salud (SENASA) a favor de profesionales de la medicina era posteriormente retornada y distribuida entre los cabecillas de la estructura investigada.
Según los detalles presentados en la solicitud de medida de coerción, el modus operandi consistía en que, una vez los médicos involucrados recibían los desembolsos por parte de la institución de salud, estos procedían a entregar entre el 40 % y el 60 % del monto cobrado, utilizando para ello transacciones en efectivo o transferencias bancarias directas.
Red de distribución y transferencias con referencias sospechosas
El documento fiscal detalla que los recursos desviados iban a parar a manos de diversos implicados en el caso, señalando directamente a Ángel Luís Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Adonay María Carrasco Heredia, Milagros Vásquez Gálvez y Ángel Guzmán Patricio, entre otros investigados que formaban parte del entramado.
Asimismo, los investigadores documentaron múltiples operaciones financieras caracterizadas por carecer de conceptos claros o por incluir descripciones inusuales que, a juicio del órgano persecutor, tenían como único propósito encubrir el origen ilícito del dinero. Entre las referencias detectadas en los movimientos bancarios figuran expresiones peculiares como “pago a san de madre”, “San de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luís Guzmán”.
Una estructura coordinada bajo una estricta división de funciones
Para el Ministerio Público, estas prácticas no constituían hechos aislados, sino que respondían a un esquema criminal estructurado bajo una rigurosa división de funciones previamente planificada. La acusación subraya que este sistema de devoluciones y repartos formaba parte del mecanismo financiero mediante el cual los integrantes se dividían los beneficios económicos obtenidos de reclamaciones médicas cuestionadas, consolidando así los elementos probatorios que sustentan la existencia de una red organizada en este expediente de gran repercusión nacional.

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