Conmocionada la política peruana tras el trágico asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte “China Polo”

Perú.- La violencia enluta nuevamente el escenario político y periodístico de la región peruana de Áncash. La comunicadora social y candidata al Gobierno Regional, Susy Aponte Polo, ampliamente conocida como “China Polo”, fue asesinada a balazos el pasado sábado 19 de septiembre mientras encabezaba una actividad proselitista dentro de un mercado local en la ciudad de Caraz, perteneciente a la provincia de Huaylas. El ataque a tiros, perpetrado en plena vía pública ante la presencia de simpatizantes y miembros de su agrupación política Socios por Áncash, dejó además varias personas heridas de consideración.

Investigaciones bajo la hipótesis de sicariato y sospechosos detenidos

Ante la gravedad del suceso, las instituciones de persecución penal activaron un operativo exhaustivo para esclarecer los hechos, manejando de manera preliminar la hipótesis de un atentado por encargo o sicariato. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó que al menos tres personas se encuentran bajo custodia policial y fiscal, figurando entre ellos el presunto autor material del crimen junto a otros posibles cómplices.

Como parte de las diligencias ministeriales, los peritos analizan minuciosamente grabaciones extraídas de cámaras de seguridad públicas y privadas, recolectan testimonios presenciales y ejecutan pruebas científicas para trazar la ruta de escape y los movimientos previos de los agresores.

Amenazas previas y tensiones con cuerpos de seguridad

Horas antes de perder la vida, la trayectoria de Aponte había estado marcada por señalamientos públicos sobre presuntas intimidaciones en su contra. La comunicadora había denunciado de manera abierta que recibía constantes llamadas amenazantes procedentes de establecimientos penitenciarios del país.

Incluso, en declaraciones previas, la candidata había responsabilizado a altos mandos policiales, señalando directamente al entonces director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general Víctor Revoredo Farfán, de estar vinculados a las intimidaciones que padecía. No obstante, las autoridades judiciales recordaron que tales expresiones formaban parte de denuncias previas de la víctima y no constituyen una evidencia confirmada de participación institucional en el magnicidio, el cual continúa bajo rigurosa indagatoria en medio del proceso electoral regional y municipal de 2026.