Entra en vigor nueva regla de carga pública en EE. UU.: Claves para entender el impacto en inmigrantes

Los Ángeles (EE.UU.).-La política migratoria en Estados Unidos experimenta un nuevo giro. Con el inicio de su vigencia este viernes, la Administración del presidente Donald Trump implementa una estricta guía que busca denegar la residencia permanente a aquellos inmigrantes que reciban ayudas del Estado y puedan considerarse una carga pública, una medida que durante su mandato anterior (2017-2021) alcanzó incluso a ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los EE. UU. (USCIS), esta actualización normativa se alinea con la intención del Congreso de fomentar que los extranjeros residentes en el país sean autosuficientes y eviten depender de los beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes.

¿A quiénes afecta directamente esta regulación?

Esta directriz impacta de manera específica a los solicitantes de la residencia permanente —conocida como green card— que basan su petición en vínculos familiares (cónyuges, padres, hijos o hermanos de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes) o en ofertas de empleo.

Por el contrario, el manual establece excepciones claras. Quedan excluidos de esta norma los solicitantes cuyos trámites provengan de peticiones de asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, VAWA o el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS).

Nuevos criterios y mayor discrecionalidad para los oficiales

La nueva normativa otorga a los agentes de inmigración un margen más amplio de discrecionalidad para evaluar y denegar las solicitudes. Entre los cambios principales, el análisis ahora toma en cuenta una variedad más amplia de beneficios públicos recibidos, tales como:

• Asistencia gubernamental en efectivo.
• Programas de vivienda subsidiada.
• Ayudas económicas para estudios.
• Subsidios para alimentos y determinados servicios de salud financiados por el gobierno estadounidense.

Además, la evaluación examina si el solicitante es responsable de mantener a familiares directos (hijos, padres o cónyuges) que utilicen ayudas públicas dependientes de sus ingresos, sumado a factores personales como la edad, el tamaño del hogar, el estado de salud y el historial crediticio. Las autoridades advierten que contar con un patrocinador económico ya no bastará por sí solo para garantizar que el inmigrante no sea clasificado como carga pública.

Plazos y acciones legales en marcha

Todas las solicitudes presentadas o con sello postal a partir de este 18 de septiembre de 2026 son revisadas bajo estos nuevos parámetros. En contraste, aquellos expedientes procesados o enviados en o antes del 17 de septiembre de 2026 se evalúan conforme a la regla establecida en 2022 por la administración de Joe Biden, la cual había relajado los requisitos previos.

Ante este escenario, expertos legales como el abogado Fernando Romo sugieren a los solicitantes aportar pruebas fehacientes de empleo estable, seguros médicos privados y bienes o ahorros que demuestren solvencia ante emergencias. Por su parte, el abogado Alex Gálvez recuerda que diversas ciudades y condados, encabezados por Nueva York, interpusieron demandas colectivas para frenar la norma en los tribunales, confiando en que la justicia pueda detener su aplicación al considerarla arbitraria.