Exigen justicia y pena máxima por caso conductor camión recolector en Santiago

SANTIAGO. — Tras el desarrollo de las audiencias preliminares en los tribunales de la República Dominicana, los parientes del fallecido trabajador Deyvi Abreu Quezada reiteraron su firme exigencia de que el hecho ocurrido en esta demarcación no quede impune. A través de su representación legal, la familia sostuvo que la salida del territorio nacional y la posterior captura del ciudadano Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, en el extranjero constituyen elementos procesales que deben ser sopesados rigurosamente por los administradores de justicia en la provincia de Santiago.

Argumentos de la barra defensora y solicitud de pena máxima

Durante una intervención pública frente a los medios informativos, el jurista Ángel Leonel Cano, abogado de los querellantes, cuestionó la conducta evasiva atribuida al procesado, argumentando que una persona desprovista de culpabilidad se habría presentado de manera voluntaria ante las autoridades competentes para esclarecer cualquier cuestionamiento legal. Asimismo, el representante de los demandantes indicó que mantendrán el acompañamiento continuo al Ministerio Público para robustecer la teoría del caso con evidencias sólidas que permitan sustentar la acusación formal.

• Sanción solicitada: La parte acusadora adelantó que reclamará la aplicación de la pena máxima establecida en el marco legal vigente, cifrada en hasta 40 años de reclusión, en caso de comprobarse fehacientemente la responsabilidad penal del encartado.
• Presunción de inocencia: Respetando los principios constitucionales del debido proceso, las autoridades judiciales recordaron que la responsabilidad final del ciudadano deberá ser determinada mediante las pruebas desahogadas en el juicio de fondo.

Repercusión institucional en el Palacio de Justicia

El proceso ha generado un amplio debate en la opinión pública de la región del Cibao, particularmente por el contexto en el que se desarrolló el suceso en las inmediaciones del entorno judicial local. Los sectores jurídicos han enfatizado la necesidad de salvaguardar la integridad de las instituciones del Estado y garantizar una respuesta judicial efectiva que devuelva la tranquilidad a los familiares y reitere el respeto inquebrantable al ordenamiento legal dominicano.