Denuncian millonario fraude en SeNaSa: querella revela usurpación de identidad y falsificación de firmas en servicios médicos ficticios

Santo Domingo. Un nuevo escándalo de corrupción sacude el sistema de salud dominicano tras interponerse una querella formal con constitución en actor civil ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. Una ciudadana identificada como María de los Milagros Flores Ovando denunció el uso indebido de su identidad y la falsificación sistemática de su firma para tramitar y cobrar ante el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) servicios médicos que asegura jamás solicitó ni recibió. El perjuicio económico global atribuido a esta supuesta estructura asciende a más de RD$41.1 millones.

Peritaje del INACIF e irregularidades detectadas

De acuerdo con el expediente legal, la afectada sostiene que sus derechos fundamentales a la intimidad, la protección de datos sanitarios y la seguridad jurídica fueron vulnerados por una red que empleó su afiliación para gestionar autorizaciones y reclamaciones fraudulentas.

Como parte de las pesquisas, el 17 de septiembre de 2025 la analista forense Yelida M. Valdez López, adscrita al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), practicó un análisis grafo-técnico sobre documentos remitidos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). Dicha evaluación técnica certificó la falsificación de la rúbrica de la querellante en formularios de reclamación que incluían supuestas intervenciones quirúrgicas y atenciones de emergencia en centros de salud, validados bajo códigos de prestadores específicos y sellados por profesionales médicos.

Implicados, modalidad de cobro y peticiones legales

La denuncia apunta directamente a una presunta red de colaboradores e involucrados, señalando entre ellos a la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez, el Centro Médico Universal, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ángel Luis Guzmán Vásquez, y los doctores José Luis Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo. Según la querella, tras efectuarse los pagos por parte de la ARS estatal, un porcentaje estimado entre el 40 % y el 60 % de los fondos era retornado a los organizadores mediante transferencias bancarias o depósitos a terceros.

Ante estos graves hechos, la parte querellante ha solicitado a las autoridades la imposición de medidas de coerción severas —incluyendo la prisión preventiva—, el embargo de bienes de los investigados, una condena de 20 años de trabajos públicos y una indemnización civil por daños y perjuicios equivalente a RD$20 millones.