SANTO DOMINGO.- El Departamento de Estado de Estados Unidos considera que el Gobierno de República Dominicana “no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo”.
La consideración está contenida en un documento titulado “República Dominicana: Informe sobre la Trata de Personas 2022”, el cual sin embargo reconoce que aquí ha habido «un incremento general de los esfuerzos en este sentido, en comparación con el período del informe anterior, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia del COVID-19 en su capacidad de lucha contra la trata».
Dice que estos esfuerzos han incluído condena de más traficantes, la apertura de un refugio específico para la trata, la mejora de la detección de víctimas, la derivación a la atención y la recopilación de datos; la asistencia a gobiernos extranjeros en casos de trata y el registro y documentación de los migrantes venezolanos vulnerables a la trata».
LOS INCUMPLIMIENTOS
Para justificar su criterio del supuesto incumplimiento de las normas mínimas en áreas clave, el informe indica textualmente:
«Los esfuerzos para identificar y asistir a las víctimas de la trata parecían no ser igualitarios, ya que el gobierno no proporcionaba justicia ni examinaba y asistía a los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. El gobierno no aprobó la revisión de la ley de trata para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de la trata sexual menores de 18 años; no financió adecuadamente los esfuerzos contra la trata; no proporcionó suficiente formación, recursos y tecnología a los funcionarios, especialmente fuera de la capital; y no completó un nuevo Plan de Acción Nacional (PAN). Los servicios gubernamentales disponibles para las víctimas, especialmente los hombres, siguieron siendo inadecuados.
RECOMENDACIONES PRIORITARIAS
El Departamento de Estado hace las siguientes recomendaciones:
- Evaluar proactiva y sistemáticamente a los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, en particular a las mujeres embarazadas, los migrantes y los trabajadores de la industria azucarera, para detectar indicadores de trata y remitirlos a los servicios de atención.
- Desarrollar, implementar y financiar un nuevo Plan de Acción Nacional, y asegurar que la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) se reúna regularmente para llevar a cabo sus funciones contra la trata.
- Enmendar la ley contra la trata del 2003 para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción de las víctimas de la trata sexual menores de 18 años para que sea consistente con el derecho internacional.
- Emitir o reemitir documentos de identidad a los haitianos en las comunidades fronterizas, a los haitianos en el país y a los dominicanos de ascendencia haitiana.
- Investigar, procesar y condenar enérgicamente a los traficantes, y aplicar las sentencias apropiadas según la justicia.
- Proporcionar recursos humanos y financieros adecuados y formación a las fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces para luchar contra la trata, especialmente en las zonas fuera de Santo Domingo, y garantizar que la Policía Nacional pueda conectarse de forma rutinaria con otros países de origen o destino, incluido Haití.
- Garantizar que las víctimas potenciales de la trata de niños y niñas involucradas en las pandillas y el tráfico de drogas no sean penalizadas por los actos ilícitos que los traficantes les obligan a cometer, y garantizar que sean examinadas, identificadas y remitidas a la atención.
- Ampliar el acceso consistente a la atención, incluido un refugio específico, para los hombres víctimas de la trata.
- Aumentar el número de traductores, especialmente en creole haitiano, para ayudar a identificar a las víctimas y derivarlas a los servicios de atención.
- Mejorar la representación legal de las víctimas, incluyendo el fortalecimiento del Servicio de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (RELEVIC).
- Aumentar las investigaciones y los procesamientos penales de los funcionarios públicos presuntamente cómplices de la trata de personas e imponer sentencias más severas.
- Implementar plenamente el Módulo de Investigaciones Electrónicas como herramienta oficial tanto en las investigaciones como en las comunicaciones oficiales entre la Policía Nacional y el Ministerio Público
(Para leer completo el informe del Departamento de Estado, dar clic aquí: