Proyecto de Ley sancionará con hasta 20 salarios mínimos a comercios que vendan vapes a menores de edad

 Santo Domingo, D.N.- Los negocios y establecimientos que comercialicen o promuevan el uso del tabaco sin combustión y los sistemas electrónicos de suministro con o sin nicotina a menores de edad podrían enfrentar penas que llegan hasta los 20 salarios mínimos del sector público de multas, además del decomiso del producto. Así lo establece el proyecto de ley sometido ante la Cámara de Diputados por los legisladores Omar Fernández y Orlando Jorge Villegas, el cual busca evitar el acceso y restringe la venta de este tipo de productos a menores de edad, sentando así un precedente con un marco general que regula la correcta comercialización y consumo de este tipo de productos en República Dominicana.

“Junto con el diputado Omar Fernández hemos sometido un proyecto de ley desde hace más de un año para regular la cobertura de los cigarrillos electrónicos en la República Dominicana. ¿Pero por qué este proyecto es importante? En primer lugar, por la cantidad de menores de edad que está consumiendo cigarrillos electrónicos, y sin ningún tipo de control en la comercialización, es decir, aquí se vende muy fácil”, dijo el diputado Jorge Villegas, quien hizo además referencia a la falta de información sobre la calidad de muchos de los productos de esta categoría, por lo que la pieza dejaría en manos del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) el establecimiento de los controles de calidad pertinentes.

El incremento en el uso de vapes de los estudiantes menores de 18 años en las escuelas públicas y colegios privados del país pone en evidencia la importancia de la aprobación y promulgación de este proyecto de ley, el cual fue sometido en 2021 y aún se encuentra en fase de discusión.

En sentido general, diversos sectores de la sociedad han hecho énfasis en que este proyecto sea convertido en ley, ante la necesidad de que estos productos sean regulados de manera adecuada, para evitar que los mismos lleguen a las manos de los menores de edad, y que exista un régimen de consecuencias con sanciones ejemplares.