La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) obtuvo una sentencia a su favor que condenó a la razón social Well Products S.R.L y a su propietario Pablo Antonio Tejeda Restituyo a tres años de prisión y al pago de una indemnización de RD$8,000,000.00 como reparación de los daños y perjuicios debido a la evasión de impuestos y la fabricación clandestina de alcohol.
La decisión fue dictada por la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Duarte, por violación a los artículos 6 y 56 de la Ley 243 sobre Alcoholes, así como los artículos 240 y 376 de la Ley 11-92, que instaura el Código Tributario y que prohíbe la elaboración y comercio clandestino de productos gravados.
Restituyo además fue condenado por violación a los artículos 317 y 318 del Código Penal Dominicano, artículo 155 numeral 13 de la Ley General de Salud Pública y a la Ley 17-19 sobre la erradicación del comercio ilícito. La condena deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de esa provincia.
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“La razón social Well Products S.R.L, propiedad de Pablo Antonio Tejeda Restituyo, bajo la marca “Don Pablo” es responsable de tener instalada una fábrica para la elaboración, y comercialización de bebidas artesanales para el consumo humano sin ningún tipo de control y supervisión, haciendo uso de registro industrial y sanitario inexistente, sin contar con la licencia de productor de alcohol sin los permisos de Medio Ambiente, Salud Pública y la Dirección General de Impuestos Internos”, estableció el tribunal en la sentencia.
La investigación contra la empresa Well Products S.R.L. comenzó mediante una labor de inteligencia realizada por técnicos del Departamento de Deberes Formales de la DGII que arrojó las pruebas necesarias para obtener la condena por los delitos y fraudes cometidos.
En el año 2021, a raíz de las muertes de personas por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), realizaron dos allanamientos, uno a la casa y el otro al edificio donde operaba la empresa de Pablo Antonio Tejeda Restituyo, encontrando pruebas suficientes que vinculan al imputado con los delitos ya mencionados.
