Estados Unidos actualizó su listado de actores corruptos y anti-democráticos según la sección 353. Esto va dirigido a ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, declarándolos inelegibles para visa, revocando la de quienes ya tienen y dejando la puerta abierta para mayores sanciones.
En la lista actualizada están funcionarios salvadoreños de libre acceso a la información acusados de bloquear los procesos; varios fiscales guatemaltecos por las persecuciones después de las elecciones; alicates nicaragüenses del régimen orteguista partícipes en las confiscaciones y el Ministro hondureño de Planificación por su rol en la violencia contra diputados opositores.
En este mes, Estados Unidos le ha quitado la visa a alrededor de 400 actores políticos latinoamericanos, principalmente guatemaltecos, seguidos de nicaragüenses y hondureños.
Públicamente, solo 5 personas han tenido restricciones de este tipo en República Dominicana.
En el listado de actores corruptos y anti-democráticos según la Sección 353 figuran:
Carlos Mauricio Funes Cartagena, ex presidente de El Salvador, se involucró en una corrupción significativa al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación de fondos y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas estatales.
Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez actual en Guatemala, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en corrupción significativa al adjudicar contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos.
Arling Patricia Alonso Gómez, actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.
