El Congreso salvadoreño aprobó el miércoles una reforma para procesar en grupo a los pandilleros capturados durante el actual régimen de excepción, en un intento por acelerar la resolución de miles de casos que se han acumulado en los últimos meses en la nación centroamericana.
Las modificaciones establecen que los procesos deben ocurrir en un plazo máximo de 24 meses, y que los detenidos bajo ese régimen de excepción sean agrupados según sus “clicas” (grupos) o “canchas” (territorios).
El Legislativo también aprobó incrementar de 45 a 60 años la pena de cárcel para los líderes de las pandillas.
Las reformas, presentadas por el gobierno semanas atrás, fueron aprobadas con los votos de la mayoría oficialista de los 84 diputados del Congreso unicameral. Los cuatro diputados opositores del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la diputada del partido VAMOS y el diputado de Nuestro Tiempo, votaron en contra.
Según el Ministerio Público, hay 71.976 supuestos pandilleros o colaboradores que han sido capturados, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas. Del total, sin embargo, más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez, es decir, están en prisión sin condena firme.
Además, más de 5.000 personas han sido liberadas tras su detención en el estado de excepción, debido a que nunca se pudo establecer su vínculo con estructuras criminales.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que la Mara Salvatrucha (MS-13) tiene más de 248 unidades o grupos territoriales a nivel nacional; la pandilla Barrio 18 Sureños, 160 unidades territoriales, y la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, 150 unidades territoriales.
Para procesar a detenidos de forma conjunta, el Ministerio Público cuenta con un plazo que no excederá de 24 meses, contados a partir de la vigencia de las presentes disposiciones transitorias especiales.
De no cumplirse con el plazo dispuesto, o si el fiscal no se pronuncia para determinar a qué agrupación ilícita pertenece el imputado, el juez dictará sin más trámite el sobreseimiento definitivo y dejará sin efecto cualquier medida cautelar.
En 2015, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña declaró a los pandilleros como terroristas. Se les procesaba entonces bajo esa figura penal, aunque era complicado comprobar su participación en esas agrupaciones y la pena otorgada podía ser de seis a nueve años de prisión.
Con el régimen de excepción, el Congreso aprobó el 30 de marzo de 2022 reformas al Código Penal para endurecer las penas contra pandilleros. Las pandillas o cualquier organización conformada con el fin de delinquir se consideran penalmente ilícitas y sus miembros podrían ser sancionados con una pena de 20 a 40 años de prisión. Sus cabecillas podían recibir, hasta antes de la nueva reforma, de 40 a 45 años de cárcel.
Villatoro, el ministro de Seguridad, mencionó que “la causal de ser cabecilla en cualquiera de las gradas de la estructura terrorista” era “suficiente para incrementar un tercio la penas”.
El diputado Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), aliado del gobierno, defendió las reformas y aseguró que continuarán las capturas de quienes hayan pertenecido o pertenezcan a pandillas. Puso como ejemplo la captura de una mujer que era pastora de una iglesia cristiana.
“Ayer se capturó a una pastora de una iglesia cristiana y, al revisarla, se le descubren los números y cosas alusivas a las pandillas. Formó parte de una estructura criminal, por lo que tendrá que responder con muchos años de prisión”, manifestó Gallegos durante el debate en el Congreso.
Por su parte, el diputado Johnny Wright Sol, del conservador partido Nuestro Tiempo, cuestionó las disposiciones transitorias con las que las autoridades podrán procesar en grupo a los pandilleros capturados durante el régimen de excepción, en lugar de individualizar casos de los detenidos.
Sostuvo que se está “violentado el debido proceso, violentando los derechos individuales de todos los imputados”.
El Salvador ha recibido críticas de organizaciones internacionales por su política de persecución a las pandillas, al considerar que implica violaciones a derechos humanos.
Fuente: AP
