Historia.- El atraco al Banco Central de España producido por Mariano Colmenar Izquierdo el 23 de mayo de 1981. Los motivos de este asalto no han sido completamente esclarecidos y las hipótesis van desde el intento de atraco a la obtención de documentos comprometedores en torno a los hechos del 23F. El asalto derivó en la retención de unas trescientas personas como rehenes, trabajadores y transeúntes que en el momento del asalto se encontraban dentro del edificio.
Este martes 23 se cumplen 42 aniversarios de uno de los sucesos más conocidos de la Transición, el secuestro durante 37 horas en el Banco Central de la plaza de Cataluña. Tres meses después del 23-F, toda España vivió pendiente de un acontecimiento que causó un serio descrédito en el recién formado Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo y que afianzó lo que se denominó “el síndrome del Golpe”.
Son las 9.10 del sábado 23 de mayo de 1981. En el interior del Banco Central de la plaza de Cataluña de Barcelona hay, entre trabajadores y clientes, unas 350 personas cuando entran varios encapuchados disparando y gritando: “Todos al suelo”.
Los asaltantes reúnen a los presentes en el patio de operaciones. No están allí por el dinero, “no lo necesitan”. Aterrados, los secuestrados tratan de averiguar si se trata de algún comando de ETA o tal vez de los GRAPO, que tiene en los atracos bancarios una de sus fuentes de financiación. No pertenecen a estas organizaciones terroristas. Es más, les odian. No tardan en darse cuenta de que aquello no es un atraco normal.
A las 9.18, el 091, el teléfono de emergencias de la Policía, recibe una llamada anónima en la que se avisa del atraco. Las primeras dotaciones policiales son recibidas con disparos. Los asaltantes colocan a los rehenes en las ventanas a modo de escudo. Se vacía la plaza y se establece un cordón policial formado por agentes de la Guardia Urbana y la Policía Nacional. Acaba de comenzar uno de los episodios más intrigantes de la Transición, que durante 37 horas mantendrá en vilo a todo el país, y que a día de hoy sigue teniendo muchas preguntas sin respuesta.
A las 9.30 avisan por teléfono a dos emisoras de radio locales de que han dejado sendos comunicados en una cabina cercana. Exigen la liberación de cuatro líderes del intento del golpe de Estado del 23-F, entre ellos “a nuestro teniente coronel” y “héroe” Antonio Tejero. Piden dos aviones, uno para que los liberados puedan viajar a Argentina y otro para los asaltantes. Si no se cumplen sus reivindicaciones en 72 horas, matarán a 10 rehenes y luego a uno cada dos horas. El comunicado termina con un “¡Viva España!”. Es 23 de mayo, justo ese día se han cumplido tres meses de la intentona golpista.
Además, Barcelona es la sede de la Semana y el Día de las Fuerzas Armadas, que se ha convertido en objetivo de las organizaciones terroristas, como el atentado con bomba de 1979 contra la cafetería California 47 de Madrid (nueve muertos y 61 heridos). Son los conocidos como años de plomo por la gran cantidad de víctimas de los terroristas ETA y los GRAPO. Debido a la gravedad de la situación, el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, reúne de urgencia en el palacio de la Moncloa a la Junta de Seguridad y a varios miembros de su Gabinete.
Para que no quede duda de sus intenciones, el jefe de los secuestradores dispara en una pierna de manera intencionada a uno los rehenes, un joven trabajador de la entidad. Se establece una línea telefónica con la sede del vecino Banco de Bilbao, donde se ha instalado el centro de operaciones policial. Los asaltantes se identifican como guardias civiles. Una convicción que durará todo el asalto y que es reafirmada por los testimonios de los rehenes que son intercambiados por comida y tabaco.
Las autoridades creen firmemente que se encuentran ante un grupo organizado en tres comandos de ocho individuos, que cuentan con explosivos y armamento idéntico al que utiliza la Guardia Civil, disciplina, jerarquía y experiencia militar. En la imagen, varios rehenes salen del banco, el sábado 23.
Un convencimiento que se reafirma según pasan las horas, tanto por los testimonios de los rehenes, como por las comunicaciones con el interior. Durante todo el episodio, las autoridades tienen la certeza de que hay guardias civiles entre los terroristas. Los asaltantes utilizan un lenguaje militar y se llaman entre sí por números, con el “número uno” a la cabeza, quien es escrito por los rehenes como “un hombre frío, calculador, acostumbrado a mandar, superágil de cerebro, con espíritu de dirigente nato”.
Uno de los secuestradores se declara como integrante de la Guardia Civil: “Hubo un 23 de febrero y al tercer mes ha resucitado”. El mismo Gobierno declara a las 11.15 del sábado que se trata de guardias civiles golpistas. Durante las negociaciones, uno de los mandos de la Guardia Civil está convencido de haber hablado con uno de los asaltantes del Congreso, fugado de España.
El banco, en el que habitualmente trabajan unas 300 personas, está situado en un lugar neurálgico de la ciudad, en la esquina de plaza de Cataluña y Las Ramblas. Es el Wall Street de Barcelona. Además del Banco de Bilbao, se encuentran el Hispano, el Vizcaya, el Garriga Nogués. No se trata de sus oficinas centrales, que se encuentran en otro edificio. El edificio es tipo banco-fortaleza, con dos sótanos llenos de cajas fuertes de alquiler, un amplio patio de operaciones en la planta baja y una balconada de principios de siglo en la entreplanta. Es la entidad bancaria más importante de Cataluña desde la absorción del Banco Comercial de Cataluña y del Banco de Barcelona.
Dentro, los rehenes viven con auténtico pánico y con la creencia de que pueden morir. La mayor parte, reunidos en el patio de operaciones, donde han presenciado desde cómo disparaban a un joven empleado hasta cómo, al menos en dos ocasiones, las ráfagas de ametralladora pasaban sobre sus cabezas.
También han vivido cómo se ha seleccionado a los más fuertes para que, con herramientas llevadas por sus secuestradores, hicieran agujeros en el suelo que piensan que es para colocar explosivos. Han presenciado como los secuestradores han amenazado con quemar un montón con 700 millones de pesetas (más de 19 millones de euros, teniendo en cuenta la inflación) y cómo uno de ellos se ha fumado un cigarro tumbado encima del montón; cómo el “número uno” se ha paseado apuntando con la pistola a la cabeza de Ramón Rollán, el rehén convertido en interlocutor de los rehenes, y han vivido también la llegada, el domingo por la mañana, de una tanqueta de la Guardia Civil que, tras leer un comunicado, sale a toda velocidad para escapar de los disparos de los asaltantes. Otros rehenes pasan todo el secuestro escondidos en un pequeño almacén, sin comer ni beber y haciendo sus necesidades en papeleras. En la imagen, el día de la reconstrucción de los hechos.
Desde el sábado, se encontraban en la plaza 120 agentes del Grupo Especial de Operaciones (que habían llegado en vuelo regular, armados y de uniforme para sorpresa de viajeros y tripulación; regresarían de la misma manera). En un informe los ‘geos’ habían descartado un asalto. Se apostaba por una salida negociada. Incluso, a mediodía del domingo, se había llegado a un principio de acuerdo sobre la rendición. Los secuestradores abandonarían las armas en la acera. Un autobús de la policía se llevaría a los asaltantes, mientras que los rehenes permanecerían en el interior, donde se les tomaría declaración y se les dejaría salir. Habían sido 37 horas de duras negociaciones y acciones de intimidación (cortes de luz incluidos, que provocaron la histeria entre los rehenes). Según contaría años más tarde el “número uno”, llegó a hablar con el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, en persona.
Según contarían después los asaltantes, que tenían detallados planos del banco, les falla el plan de escape que consistía en llegar, a través de las alcantarillas, a un local cercano que habían alquilado para esconder el botín. Se encuentran que debajo de suelo hay granito y no hormigón y no cuentan con las herramientas adecuadas.
La sentencia llega en junio de 1983. La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a Juan José Martínez Gómez, “el número uno”; Tomás Paz Trenado, Miguel Millán Gros y Alberto Ots Jiménez a penas de 38 años de reclusión como autores de un delito de robo con violencia, intimidación a las personas, con los agravantes de disfraz y reiteración; 12 años de presidio mayor, por un delito-masa (que se aplica por primera vez: una única acción, un único delito, no un delito por cada persona, como antes la reciente reforma del Código Penal) de detención ilegal, con las mismas agravantes; a 25 años de reclusión y por tenencia ilícita de armas, con la agravante de reiteración, a cuatro años, dos meses y un día de prisión menor. Por los mismos delitos, a Cristóbal y Jorge Valenzuela Marcos, Juan Manuel Quesada Jihaja y Francisco Martín, a penas de 10 años y un día; 23 años, cuatro meses y un día; y un año de prisión, respectivamente. La pena a cumplir no puede exceder los 30 años de reclusión, de acuerdo al artículo 70 del Código Penal. Se les condena a resarcir económicamente al herido de bala y al banco, pero no a cada uno de los secuestrados. Según la sentencia no hay móvil político.
En octubre de 1988, Juan Martínez Gómez, el ‘cerebro’ del Asalto al Banco Central, incumple un permiso penitenciario (había cumplido la cuarta parte de la condena) y no vuelve a la cárcel de Ocaña-1 (Toledo). Participa en varios atracos en la zona del Garraf. Durante su detención, el 2 de noviembre de 1988, en una terraza de un restaurante de Vilanova i la Geltrù (Barcelona) donde es reconocido por un policía fuera de servicio, mueren dos agentes de la policía y él resulta herido. Lo habían buscado por toda España, pero no en casa de su mujer. En la imagen, la tanqueta de la Guardia Civil a mediodía del domingo.
Más tarde se sabrá que los dos policías mueren por disparos de uno de sus propios compañeros. La fiscal acusa al policía de que su intención era matar al “número uno”. Martínez volverá a escaparse de otro centro penitenciario en enero de 1996. Un año después era otra vez juzgado por otro robo. Esta vez saldría absuelto. Incluso le devuelven el dinero incautado a su mujer (con billetes cuya numeración coincidía con la del robo) debido a “una deficiente investigación policial y una no menos deficiente instrucción judicial”.
