Ni siquiera el envío de 100 policías militares ha frenado la violencia en el estado brasileño de Rio Grande do Norte, donde durante esta madrugada en Natal, la turística capital, y en otras ocho ciudades, grupos criminales volvieron a atacar por tercer día edificios públicos, comercios y vehículos.
Las autoridades atribuyen los actos a un grupo de criminales disconformes con los cambios implementados en el sistema penitenciario. El secretario de Seguridad Pública de Rio Grande do Norte, Francisco Araújo, confirmó que la ola de ataques tiene como propósito exigir “una serie de privilegios” a los presos que no han sido concedidos.
“Según los reclamos, quieren televisión, sistema de iluminación, visita íntima, cosas que el sistema penitenciario no está atendiendo porque está cumpliendo con la ley de ejecución penal”, explicó.
En el punto de mira se encuentra la facción Sindicato do Crime (SDC), que dirige las cárceles del estado y que nació en 2013 para hacer frente al Primeiro Comando da Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de Brasil.
Que las facciones utilicen a su gente fuera de las prisiones para presionar al poder público por medio de la violencia urbana es algo habitual en Brasil.
Medidas endurecidas
La orden de estos ataques habría salido desde de la cárcel de Alcaçuz, el mayor centro penitenciario de Rio Grande do Norte, uno de los estados más violentos del país, y donde un enfrentamiento entre bandas rivales dejó 27 muertos en enero de 2017. Desde aquella batalla campal, se endurecieron las medidas carcelarias y las visitas íntimas quedaron suspendidas.
“Dentro del sistema penitenciario, la situación solo ha empeorado desde la masacre. Las visitas íntimas siguen prohibidas, los presos reciben comida podrida y ni siquiera pueden tener acceso a lejía para limpiar las celdas, que están superpobladas. Se ha convertido en un polvorín”, comentó a O Globo Juliana Melo, profesora de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN).
