Para dispersar a los manifestantes, agentes policiales que sirven como fuerza pública para el desalojo tuvieron que lanzar gases lacrimógenos, causando que algunos de los ocupantes presenten problemas respiratorios.
El desalojo se produce dos días después de que el director general de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes acudiera a la zona.
El pasado día siete de octubre, la policía desalojó una gran parte de los ocupantes, peor luego dio una tregua para que pudiera sacar sus ajuares.
Los propietarios de las casas derribadas, afirman que pagaron sumas cuantiosas que van desde cien mil hasta doscientos mil pesos por solares.
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